El Pasaporte de la Manada

Hoy hemos desayunado con la noticia de que el Guardia Civil de “la Manada” no ingresará en prisión tras haber intentado renovar su pasaporte. Por si alguien ha vivido debajo de una piedra estos últimos meses, “la Manada” es un grupo de cinco personas condenadas por abuso sexual, primero ingresadas en prisión provisional antes del juicio y, una vez publicada la sentencia de éste, puestos en libertad con distintas medidas cautelares. Uno de ellos intentó renovar su pasaporte (que había entregado al Tribunal al tener prohibido abandonar el territorio nacional), lo cual provocó que la Fiscalía pidiera su ingreso en prisión.

Cuando comienza un procedimiento penal (mediante denuncia, detención flagrante u otras causas), y una persona es investigada por él, el juez o tribunal competente puede decretar una medida cautelar. Estas medidas tienen un régimen muy estricto, ya que, en mayor o menor medida, restringen la libertad del investigado que, en ese momento, aún no ha sido condenado. Concretamente, hoy nos centraremos en la prisión provisional, que tiene los siguientes requisitos:

  • Que el delito que se investiga en la causa tenga una pena máxima igual o superior a dos años de prisión.
  • Que en la causa aparezcan indicios de que el investigado pueda ser el autor de ese o esos delitos.
  • Que la prisión provisional persiga uno o más de estos fines:
    • Evitar la fuga del investigado: para lo cual se valoran factores como la pena en abstracto del delito (normalmente hay más riesgo de fuga cuanto mayor sea la pena) o su situación laboral y familiar (el famoso arraigo).
    • Evitar la destrucción de pruebas por parte del investigado.
    • Evitar que el investigado pueda actuar contra la víctima.
    • Evitar que el investigado cometa otros hechos delictivos.

Además, y como hemos dicho antes, la prisión provisional es la medida más restrictiva de todas (otras pueden ser la libertad bajo fianza o la obligación de comparecer cada determinado tiempo ante el tribunal), por lo que es obligatorio que las cuatro finalidades de la prisión provisional no puedan garantizarse de otra manera. Si éstas pueden conseguirse mediante una medida menos lesiva, es esa medida y no la prisión provisional la que debe adoptarse.

Una consideración más que hay que tener es que, en la medida en que los fines perseguidos por la prisión provisional pueden cambiar, también pueden hacerlo las medidas que se adopten, pudiendo acordarse medidas más graves o medidas más leves. Por ejemplo, si en el procedimiento se acuerda la prisión provisional del investigado motivándose en evitar que pueda actuar personalmente contra la víctima, y semanas después ésta fallece, los fines que la prisión perseguía desaparecen, por lo que también debería decretarse la libertad del investigado. También puede suceder lo contrario: que en un primer momento se determine que no concurren los requisitos para la prisión provisional y que el investigado dé signos de, por ejemplo, querer fugarse, y que se acuerde en ese momento.

En el caso de la Manada ya ha habido sentencia condenatoria a nueve años de prisión. ¿Por qué se les libera entonces? Porque la sentencia no es firme, es decir, ha sido recurrida por los condenados, y podría ser que el Tribunal Supremo finalmente los absolviera, por lo que no pueden comenzar aún a cumplir su pena. Hay que seguir, por lo tanto, en el régimen de las medidas cautelares. ¿Y por qué si estaban en prisión provisional antes de la sentencia no lo están ahora? Porque el Tribunal considera que hay menos riesgo de fuga cuando alguien se enfrenta a una condena de nueve años que cuando se enfrenta a una petición de condena de veintidós años, que es la situación en la que se encontraban antes. Como dice la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 503, para valorar el riesgo de fuga “se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al investigado o encausado, a la situación familiar, laboral y económica de éste (…)”. Ese menor riesgo de fuga que existe ahora puede ser evitado, dice la Audiencia de Navarra, con medidas menos restrictivas de derechos que la prisión provisional, concretamente la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer tres veces por semana ante un juzgado, la prohibición de acercarse a Madrid, donde reside la víctima, y una fianza de 6.000 euros, que los condenados perderán si finalmente se fugan.

¿Ha cambiado ahora el riesgo de fuga de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de “la Manada” que intentó renovar su pasaporte? Según la Audiencia de Navarra, no, ya que no lo hizo para salir del país. No he encontrado el auto de la Audiencia, pero según El Mundo el auto recoge la siguiente conversación telefónica entre Antonio Manuel Guerrero y un agente de la Policía, que al parecer corroboraría la versión del condenado de que acudió a la comisaría para aclarar qué tenía que hacer para entregar al Tribunal su pasaporte, que había perdido:

“- PN: Policía, buenas tardes.

– GE: Hola, buenas tardes.

– PN: ¿Sí?

– GE: Mira, llamaba, una duda que tengo eh?. ¿Hay alguna manera o algo de algún sitio donde pueda contactar para que me digan si tengo el pasaporte caducado o no? Que lo he extraviado pero no sé si la fecha de validez ya se ha cumplido.

– PN: Bueno, si lo ha extraviado y le hace falta el pasaporte, en cualquier caso, tendrá usted que pedir cita y renovarlo, da igual que le haya caducado o no pues si no lo tiene usted…

– GE: Sí, mire, le explico mi situación, yo necesito entregar en los juzgados un pasaporte por una orden judicial.

– PN: Si…

– GE: Entonces al enterarme, no encuentro el pasaporte, ese es el problema, entonces tengo que, tengo cuatro días hábiles para entregarlo; entonces no sé si está caducado o no y como me prohíben sacar el pasaporte, si está extraviado, no vaya a ser que saque el pasaporte y salte alguna alarma o requerimiento.

-PN: No, a ver caballero, si usted lo ha extraviado, haya caducado o no, no va poder hacer entrega de nada…. Claro, usted va a tener que sacárselo sí o sí porque ha extraviado el suyo”.

En cualquier caso, no olvidemos que nos movemos en el marco de las medidas cautelares. Los miembros de “la Manada” no están en libertad definitivamente, lo están porque, mientras se resuelve si son culpables o no, la Audiencia de Navarra no considera que esté justificado que sigan en prisión al no haber suficiente riesgo de fuga y poder asegurarse la presencia de los condenados de maneras menos gravosas.

Publicado por

jmateosb

Abogado, Consultor y Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid. Once more unto the breach, dear friends!

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